El Contrato Social – definido y destruido en menos de 5 minutos (Versión Escrita)

Por Stefan Molyneux

El contrato social es la idea de que los ciudadanos que viven en un país deben obedecer al gobierno, y que permanecer en el país, teniendo derecho al voto, constituye una forma de “contrato” voluntario entre el ciudadano y el gobierno.

Por lo tanto, el Contrato Social es:
-Geográfico (específico de cada país)
-Unilateral (del estado al ciudadano, en términos de impuestos, leyes, etc.)
-Implícito (no se firma; no es un acuerdo formal, como por ejemplo una hipoteca)

Ahora bien, toda metodología que se proclama válida debe estar sujeta a sus propias condiciones. Un ejemplo de esto: “en Derecho, nadie está por encima de la ley.”

El método científico – a diferencia de la revelación religiosa – debe someterse a sí mismo al método científico. Si comparamos los resultados que derivan de aplicar el método científico con los de otras formas de “conocimiento”, estamos sometiendo el método científico a sí mismo. La lógica y la evidencia deben someterse a sí mismas a la lógica y la evidencia, atendiendo a la coherencia de las proposiciones y a la realidad.

Así, el ateísmo no puede proclamar como autojustificación que dios le ha dicho a un ateo que dios no existe. Eso sería una contradicción en los propios términos.

El gobierno se postula a sí mismo como el máximo y único organismo de justicia en un territorio, y afirma que su justificación es el Contrato Social. Por lo tanto, el Contrato Social tiene que ser el mejor y el más virtuoso de los contratos existentes, puesto que constituye la raíz de todos los contratos que el estado obliga a cumplir. Y lo opuesto al Contrato Social tiene que ser injusto e inmoral – esto es lógica elemental: si A es justo, anti-A debe ser injusto.

Ya sabemos que el Contrato Social es geográfico, unilateral e implícito. Así pues, todos los contratos que cumplen con estos requisitos también tienen que ser justos.

Veamos un ejemplo de Contrato Social, el de un concesionario de automóviles: como tal, envío una carta a cada uno de los hogares dentro de un radio de diez cuadras, diciendo a sus propietarios que:

-Yo he comprado un automóvil en su nombre.
-Que pueden elegir entre un Volvo y un BMW.
-Que si no eligen uno de los dos, les enviaré el que haya elegido la mayoría.
-Que el automóvil les será entregado la semana entrante, y que no podrán devolverlo.
-Que adjunto la cuenta por un valor de $30.000.
-Que si no quieren el automóvil no hay problema: todo lo que tienen que hacer es mudarse a otro vecindario, donde tendrán que elegir otro automóvil.

Digamos que llevo este Contrato Social de concesionario de automóviles al gobierno y le pido que lo haga cumplir. ¿Cuál será su respuesta? Bueno… me tratarán de loco y se reirán de mí a carcajadas. Si luego tomo una pistola y voy a recoger mis $30.000, seré considerado un agresor inmoral y seré enviado a la cárcel por muchos años. Sin embargo, estoy cumpliendo estrictamente con los requisitos del Contrato Social – es geográfico, unilateral e implícito.

Dado que el gobierno invoca la validez universal del Contrato Social para justificar su existencia, pero tildará de malvado e injusto a cualquiera que pretenda imponer un contrato análogo, el Contrato Social es, entonces, considerado por el gobierno como el bien moral por excelencia y simultáneamente como el mayor de los males morales.

Ahora bien, si el Contrato Social es el bien por excelencia, el gobierno debería defenderlo para todos. Pero el gobierno hace lo contrario (ataca a los demás Contratos Sociales); en consecuencia, el gobierno es inmoral. Y si el Contrato Social es el mayor de los males, entonces el gobierno también es inmoral, puesto que lo usa como justificación de su poder.

¿HAY ESCAPATORIA?

Ah!… pero quizás podamos añadir la siguiente enmienda al Contrato Social: no puede haber superposición geográfica. No sirve: los gobiernos consideran moralmente válidos a los Contratos Sociales geográficamente superpuestos – federal, local, municipal, etc.

Podríamos quizás decir que el Contrato Social sólo se aplica a los gobiernos. Pero por definición, para ser válido el Contrato Social debe aplicarse a todos (especialmente a los desdichados “contribuyentes”). Ahora bien, si el Contrato Social se aplicara a todos, todos podrían crear e imponer un Contrato Social: el gobierno podría decir “mi Contrato Social me permite enviarle una cuenta de $10.000 en concepto de impuestos”, y yo diría “ok, mi Contrato Social me habilita a mí a enviarle al gobierno una cuenta de $10.000.” Nada se logra; se cancelan mutuamente.

Por lo tanto, el Contrato Social sólo es posible si se lo considera, simultaneamente, el bien por excelencia y el mayor de los males: si el gobierno lo hace está bien; si yo lo hago está mal – es moralmente aceptable que la Persona A imponga un Contrato Social a la Persona B, pero viceversa es inmoral.

Entonces, en la medida en que el Contrato Social es moralmente válido, el gobierno es inmoral por atacar la competencia entre diversos Contratos Sociales, universalmente buenos, que se intentan imponer. En la medida en que el Contrato Social es inmoral, el gobierno es inmoral, ya que lo utiliza para justificar su poder coactivo.

De esta manera, el Contrato Social invalida absoluta, completa y totalmente al Contrato Social.